La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito público mexicano ha aumentado considerablemente en tiempos recientes. No obstante, este progreso tecnológico ha sido acompañado por inquietudes acerca de la transparencia y la responsabilidad en su aplicación por las entidades gubernamentales.
Situación actual de la IA en el ámbito público mexicano
Un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha encontrado no menos de 119 aplicaciones de IA funcionando en los tres poderes de la Unión y en las diversas instancias del gobierno en México. Estas herramientas incluyen desde chatbots para atención al público hasta sistemas de análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. No obstante, lograr acceso a información específica sobre estas aplicaciones ha resultado complicado debido a la falta de transparencia y a la reticencia de ciertas entidades a ofrecer datos claros sobre su utilización y operación.
Retos en la transparencia y acceso a la información
Con el objetivo de promover la transparencia, académicos del CIDE elaboraron un registro de los algoritmos empleados por el sector público en México. Este proyecto tiene como finalidad documentar las aplicaciones de IA en distintas entidades y señalar los obstáculos para acceder a información crucial sobre su uso, regulación y objetivos. Durante la fase de recolección de datos, se enviaron alrededor de 2,200 solicitudes de transparencia a organismos públicos. No obstante, numerosas dependencias mostraron resistencia al proporcionar información o contestaron de manera vaga. En algunas situaciones, las instituciones solo admitieron el uso de IA tras la presentación de recursos de revisión frente a los órganos de transparencia. Estados como el Estado de México y Nayarit sobresalieron por su falta de respuesta general.
Mala información y falta de entendimiento sobre la IA
Otro inconveniente detectado es el desconocimiento existente dentro de las mismas instituciones acerca de qué califica como una aplicación de IA. En numerosas respuestas a solicitudes de transparencia, las dependencias mencionaron herramientas de software convencional, como paquetes de oficina o sistemas de ciberseguridad, como si fueran inteligencia artificial. En total, 223 aplicaciones reportadas no cumplían con los requisitos fundamentales para ser clasificadas como IA, lo que evidencia un problema de desinformación incluso en las áreas de tecnología de la información del gobierno.
Aspectos éticos y riesgos vinculados al uso de la IA
El empleo de IA en el ámbito público también ha suscitado debates éticos sobre privacidad, transparencia, responsabilidad y el derecho al acceso a la información. La falta de claridad en los algoritmos puede minar la confianza de la población en estas herramientas, particularmente si no se conocen los criterios que guían su funcionamiento o si presentan sesgos que podrían desembocar en decisiones discriminatorias. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, se pusieron en marcha chatbots como «Susana Distancia» y «Dr. Armando Vaccuno» para orientar a la ciudadanía. No obstante, surgieron inquietudes éticas respecto a la transparencia y privacidad en su utilización, lo que resultó en una disminución de la confianza y uso por parte del público.
Urgencia de un marco regulatorio apropiado
Necesidad de un marco regulatorio adecuado
La falta de transparencia en el uso de IA por parte de los gobiernos resalta la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen la auditabilidad y responsabilidad en el uso de estas tecnologías. Es esencial analizar las legislaciones en diferentes ámbitos e identificar cómo podrían ser utilizadas adecuadamente para garantizar que la implementación de IA respete los derechos de la ciudadanía y opere de manera ética y transparente.
